La vida en la cárcel tiene un precio. Sobrevivir dentro del penal de San Sebastián cuesta entre 500 y mil dólares, según el avalúo que el grupo a cargo de la extorsión haga de la cara y antecedentes del detenido, según se desprende de la denuncia que ayer hicieron delegados de los reos en medio de un motín que sacó a relucir la existencia del denominado “derecho a la vida” y, si el caso lo requiere, de guardaespaldas.
Más de 500 reclusos de la cárcel de San Sebastián se amotinaron exigiendo el traslado de al menos 15 internos considerados peligrosos y acusados de liderar un grupo de extorsionadores dentro de la prisión, según denunció uno de los delegados.
El conflicto estalló ante el cansancio de los internos de acceder a las exigencias económicas impuestas por el grupo, organizado por un interno identificado como Ángel Huanca, y la pasividad de la gobernación.
Los detenidos, un 80 por ciento de ellos preventivos, demandó la presencia de las jueces de Ejecución Penitenciaria Fresia Orellana y Yolanda Ramírez para que den curso a la reubicación de los internos conflictivos. El delegado explicó que los internos se amotinaron después de agotar varios recursos legales pidiendo el traslado de los reos que hacen los cobros indebidos. Sin embargo, hasta ayer su demanda estaba latente.
Por ello, amenazaron con radicalizar sus medidas desde hoy con actos como la cosedura de labios, crucifixión y extracción de sangre.
El motín también saco a relucir las deficientes condiciones del penal de 1.200 metros cuadrados donde viven más de 500 reos y se estima que cada día entran alrededor de 300 visitas a ese recinto que corre el riesgo de derrumbarse.
A causa del motín los internos cerraron las puertas del penal en señal de protesta y colocaron pancartas con sus demandas.
Mientras que los 15 internos peligrosos están en celdas de aislamiento, luego de que un sector numeroso de la población se rebelara por cobros y amenazas ilegales.
